Dijimos que la historia del shale, el tipo de recurso hidrocarburífero que se encuentra en Vaca Muerta, es más complicada que la de los hidrocarburos convencionales. Aquí el porqué: para sacar el gas o petróleo de esquisto de la roca generadora (o madre), es preciso utilizar el fracking (o fractura hidráulica), una técnica muy cuestionada.

¿De qué se trata? Primero, de la perforación vertical de un pozo de unos 3000 metros de profundidad. Luego, de perforaciones horizontales que pueden extenderse por kilómetros. Y, finalmente, de la inyección de una mezcla de agua altamente presurizada, productos químicos y arena para liberar el hidrocarburo.

Más allá de la repercusión que el fracking tiene en el ambiente y en las personas, se trata de un proceso muy intensivo de capital.

En otras palabras: se requiere de mucho dinero para hacerlo funcionar, millones de dólares por pozo. Por eso, la industria no puede desarrollarse sin asistencia financiera. En los Estados Unidos, esto se traduce en préstamos o en Wall Street. En la Argentina, en subsidios del Estado, esto es, el dinero de todos nosotros.

Subsidios para todos

Desde 2013, año en que inició la explotación de Vaca Muerta, los argentinos pusimos de nuestro bolsillo más de US$10.000 millones. Todo ese dinero fue a parar a un puñado de empresas, muchas de ellas extranjeras.

Y en este gesto no hay grietas políticas: el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner inició esta tendencia, el de Mauricio Macri la reforzó y el de Alberto Fernández la está potenciando aún más. 

Así, hemos financiado, por ejemplo, el 101% de las inversiones que Pan American Energy realizó en Vaca Muerta entre 2016 y 2019.

Subsidios versus inversiones en Vaca Muerta
2016-2019, en millones de dólares

Empresas extractivas beneficiadasSubsidiosInversiones% inversiones
cubiertas
por subsidios
Capex37,2720418%
Pampa Energía66,9644915%
Pan American Energy 1216,821200101%
PlusPetrol 35,976655%
Tecpetrol 382,05216118%
Vista Oil & Gas Argentina25,683677%
YPF1855,12700326%
Total Austral349,55132626%
ExxonMobil Exploration Argentina0,098300%
Shell2,086980%
Fuente: María Marta Di Paola, FARN, para PxP.

Parte de estos subsidios se explican por la Resolución 46-E (mejor conocida como Plan Gas III), que gestó en 2017 el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren. A través de ella, se garantizó a las empresas una remuneración mínima para los nuevos proyectos gasíferos de Vaca Muerta durante cuatro años: US$7,5 el millón de BTU; US$7 en 2019; US$6,5 en 2020; y US$6 en 2021. Básicamente, lo que el Estado argentino hizo desde entonces es cubrir la diferencia entre este precio y el de mercado (que, por lo general, se mantuvo por la mitad).

De esta manera, y solo a través de esta medida, los argentinos le hemos dado a firmas de la talla de Tecpetrol, Total y Wintershall, $9561 millones en 2018 y $27.813 millones en 2019.

Para ayudar a dimensionar: según cálculos de María Marta Di Paola, directora de Investigación de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), con todo este dinero podríamos haber cubierto 92.408.590 asignaciones universales por hijo, 18.027.071 jubilaciones o 14.850.796 salarios mínimos. Asimismo, podríamos haber construido 8628 jardines nuevos o pagado el 1% de nuestra deuda externa.

Más que un salvavidas económico para los argentinos, hasta ahora Vaca Muerta ha sido uno de plomo: en lugar de hacernos flotar, nos hunde.

A prueba de crisis

¿Qué viene sucediendo en este 2020? Una fuerte, y anti-económica, apuesta por una reactivación fósil, en palabras de Di Paola.

Crédito: María Marta Di Paola, FARN.

En un contexto de crisis sanitaria y social, hemos visto los subsidios energéticos duplicarse. Lo dice el Instituto Argentino de Energía General Mosconi: las transferencias aumentaron 100,5% en el acumulado anual a julio de 2020 versus el año anterior, y sumaron US$3300 millones.

“Esto implica mayores subsidios por la suma nominal de $109.553 millones en acumulados a julio de 2020 respecto de igual período de 2019”, establece en su Informe de Tendencias Energéticas de agosto. Para el Plan Gas no convencional, se destinaron unos $15.611 millones, equivalente a US$238 millones: un incremento del 33%.

Mientras unos 18,5 argentinos viven en la pobreza y unos 4,7 millones en la indigencia, seguimos engrosando las arcas de empresas cuyas actividades no derraman en desarrollo nacional. Y los números lo constatan. En 2013, cuando se hizo la primera fractura en Vaca Muerta, la pobreza se ubicaba en 27,5% y la indigencia, en 5,5%. Siete años, muchos pozos perforados y millones de dólares en subsidios otorgados después, la primera llegó al 40,9% y la segunda, al 10,5%.

Personas debajo de la línea de pobreza y de indigencia
2013-2020, en %

Fuente: Cedlas en base a Indec / Chequeado.

A ello se suma, entre otras medidas que este año se redactaron en favor de la industria, el 25% del Impuesto Extraordinario a las Grandes Fortunas que recibirá IEASA para reinvertirlos en nuevos proyectos de gas natural en un plazo no menor a 10 años, todos a cargo de YPF.

Se trataría de unos $75.000 millones, lo que representa —según cálculos de Di Paola— 23 veces los subsidios que YPF recibió en 2019 y 11 veces sus gastos de explotación para el mismo año. Un dato no menor aquí es que la petrolera de bandera explota Vaca Muerta en colaboración con firmas internacionales (Shell, Chevron, Equinor y Schulmberger, entre otras). Por lo que cabe preguntar: ¿a quiénes beneficiará, en último término todo este dinero?

Un análisis del Observatorio Petrolero Sur (OpSur) ahonda en esta paradoja: “Tras un intenso debate público, [el Impuesto a las Grandes Fortunas] puede terminar beneficiando a fondos como BlackRock, el más duro en la negociación de la deuda privada argentina, y la petrolera Shell. Según un relevamiento realizado con FARN, como titulares de parte del 49% de las acciones privadas de YPF aparecen también los fondos de inversión Morgan Stanley y Goldman Sach, y los bancos HSBC, BBVA Francés, Itaú y BNP Paribas, entre otros”.

Crédito: Eduardo Carrera para PxP.

Que un impuesto considerado de “emergencia” para paliar la frágil situación que atraviesa la Argentina tenga este destino es por lo menos dudoso moralmente. Y lo mismo puede decirse de los subsidios en general.

¿Con qué criterio se destina tanto dinero a sostener una industria que no tiene perspectiva, cuando millones de personas en la Argentina viven un presente de vulnerabilidad extrema? ¿Cómo debería evaluarse a un gobierno que prioriza subsidiar a grandes firmas petroleras para una actividad que —como demuestra lo sucedido desde 2013 hasta acá— no derrama en desarrollo local ni tiene como contrapartida un incremento en las inversiones que nos llegan?

2021 y más allá

El año que viene todo continuará en la misma senda. Según el análisis de FARN, los subsidios a la oferta de combustibles fósiles totalizan $78.702 millones en el Presupuesto 2021. Se destinan principalmente al gas mediante el Plan Gas IV (26%) y el Plan de Yacimientos No Convencionales (74%). Esto es 10 veces el presupuesto del Ministerio de Ambiente y cuatro veces los gastos presupuestados por el Ministerio de Salud para hacer frente a la pandemia Covid-19.

Datos adicionales sobre el Plan Gas IV —oficializado a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 892/20 el 13 de noviembre pasado— que vale la pena mencionar: este garantizará, hasta 2024, un precio de hasta US$3,70 por millón de BTU. Es decir que, siguiendo el mismo esquema del Plan Gas III, el Estado subsidiará la diferencia entre ese precio y el de mercado, que al momento de escribir esta nota promediaba los US$2,30: un beneficio de más del 60% para las petroleras, en tanto habrá aumentos de tarifas eléctricas para los usuarios en 2021.

A ello se suma el libre acceso a las divisas extranjeras. Para los beneficiarios del Plan Gas IV no habrá tope de compra de US$200 sujeto al Impuesto P.A.I.S del 30% y al adicional de este año de 35%, y todas las barreras que se imponen. Siendo que no se trata del único sector que requiere de este tipo de incentivos para viabilizar las inversiones y operaciones en el terreno, llama la atención que se lo singularice.

En contraste, el Plan de Energías Renovables (RenovAR) carece de apoyo estatal. “El fondo para las energías renovables no tendría transferencias corrientes por parte del Tesoro Nacional en 2021. Se va a sustentar por su propia lógica financiera”, detalla Di Paola.