Por EMILIO GODOY
El pueblo yaqui, uno de los 69 grupos indígenas que habitan en México, vive una nueva serie de agresiones, que revive los duros momentos que vivieron en los años 2000.
El 2 de mayo, Agustín Valdez, jefe de la Guardia Tradicional e hijo del gobernador yaqui en Loma de Guamuchil, fue asesinado en esa misma localidad.
Tomás Rojo Valencia, líder visible de uno de los ocho pueblos yaqui, desapareció el 27 de mayo cuando caminaba muy temprano en Vícam, su comunidad en el norteño estado de Sonora —a unos 1270 kilómetros de Ciudad de México—. Luego de que un lugareño halló un cuerpo semienterrado el 18 en las proximidades de Vícam, la Procuraduría (fiscalía) local de Justicia confirmó el 21 de junio que se trata del defensor del agua.
Luego, el 8 de junio fue asesinado Luis Urbano Domínguez, defensor yaqui del agua, en el centro de Ciudad Obregón (Sonora). Y en otro episodio intimidante para los indígenas, Lorena Josefina Valenzuela, hermana del líder yaqui Mario Luna, desapareció el 17 de junio cuando salía de Vícam hacia su trabajo en el municipio cercano de Empalme y apareció cinco días después.
Conflicto de intereses
Fuentes consultadas señalan que la defensa de sus recursos naturales ha entrado en conflicto con intereses económicos y grupos criminales.
Mario Luna, miembro de la tribu, recordó que el incremento en la violencia en Sonora se ha “desbordado”, pues bandas criminales se han apoderado de grandes extensiones de territorio. “Lamentablemente, esto ha provocado que defensores de derechos humanos y del territorio se vean aún más vulnerables, en la mira de los intereses y poderes de facto que operan tras estas bandas”, señaló.
“Es muy difícil el trabajo que hemos venido realizando desde 2010, nos enfrentamos a diferentes problemáticas”, como el agua, dijo el activista este lunes 27, en rueda de prensa.
Guerra del agua
Entre los años ’40 y los ’60, el gobierno mexicano construyó tres represas para riego y generación eléctrica en la zona. En antelación a esos planes, en 1937 les adjudicó unas 450.000 hectáreas y en 1940, la mitad del caudal del río Yaqui, el más importante de la región —una cuota de 250 millones de metros cúbicos al año—.
Otro trago seco fue la construcción del Acueducto Independencia, inaugurado en 2013, con capacidad instalada de 75 millones de metros cúbicos y que traslada el líquido desde la presa “Plutarco Elías Calles” a la ciudad de Hermosillo, a unos 1.890 kilómetros al norte de Ciudad de México —un trasvase de la cuenca del río Yaqui a la del río Sonora—, para cubrir el crecimiento urbano e industrial.
En 2014, autoridades estaduales persiguieron penalmente a los dirigentes yaquis Luna y Fernando Jiménez por su oposición al Acueducto Independencia. Ambos líderes permanecieron encarcelados entre 2014 y 2015 por su rechazo al megaproyecto.
La instalación del gasoducto Aguaprieta, propiedad de IEnova, filial de la estadounidense Sempra Energy, también generó rispideces con los yaquis. El pueblo de Loma de Bácum rechazó el paso del tramo Guaymas-El Oro por sus tierras. En octubre de 2016, hubo disturbios en esa localidad que dejaron tres muertos.
Por ello, las autoridades detuvieron y enjuiciaron a Fidencio Aldama, condenado a 15 años de prisión, pero sus familiares y organizaciones de derechos humanos consideran que ese proceso es injusto y parcial. La campaña por la libertad de Aldama dijo a este medio que están “atentos” a la ola de violencia, pero declinaron emitir más comentarios.
Empresas ferrocarrileras, de telecomunicaciones y la estatal Comisión Federal de Electricidad también han instalado infraestructura en su territorio sin su consentimiento, como el caso de una carretera que atraviesa la zona.
En el sur de Sonora, la estatal Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha entregado 47 concesiones de agua subterránea a empresas de generación de energía, agrícolas, mineras y cerveceras por un volumen de 64.81 millones de metros cúbicos de agua, según el Registro Público de Derechos de Agua (Repda).
Además, existen 179 títulos hídricos en Sonora para 59 acuíferos de la zona. Para los tres situados en el Valle del Yaqui, el volumen entregado suma 943.64 millones de metros cúbicos.
Asimismo, Conagua ha dado 53 concesiones en territorios indígenas, 42 localizadas en el sur de Sonora y por un volumen anual de 1,119 millones de metros cúbicos, según estimaciones del colectivo Agua para Todos.
Patrón impune
Para Edith Olivares, directora Ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional, el caso de los yaquis ejemplifica la situación de quienes defienden el territorio.
En México, defender derechos humanos es peligroso, y la obligación del Estado es generar condiciones para esa actividad, sin poner en riesgo la vida de las personas y sus comunidades.
Edith Olivares, directora Ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional.
Esas agresiones siguen el patrón de impunidad de ataques a defensores del territorio que ha convertido a este país latinoamericano en uno de los más peligrosos en el mundo para esa actividad, como lo evidencian varios reportes al respecto.
En su informe anual 2020-21, Amnistía Internacional reportó que en México fueron asesinadas 24 personas defensoras de derechos humanos.
Un panorama similar esboza el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2019, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que estima que casi la mitad de los 65 ataques, amenazas e intimidaciones en contra de defensores ambientales relacionados con el agua entre 2012 y 2018 están ligados a la construcción del acueducto Independencia.
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió el 24 de junio a las autoridades garantizar los derechos a la libertad, la paz y la seguridad de los yaquis, a investigar de forma urgente y exhaustiva las desapariciones y asesinatos y a buscar a las personas desaparecidas.
En México, los pueblos indígenas son víctimas de la violencia de diferentes actores, incluido los grupos del crimen organizado, quienes buscan tener el control de su territorio. Los liderazgos de estos pueblos están más expuestos a represalias y acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de sus derechos al territorio y cosmovisión. Su asesinato o desaparición tiene un efecto amedrentador sobre los pueblos indígenas, que impide el libre ejercicio de sus derechos humanos.
Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México.
Plan de justicia
El pueblo yaqui y el gobierno ya firmaron un plan de justicia para ese grupo aborigen, que incluye la construcción de un acueducto, una planta potabilizadora y alcantarillado, así como la transferencia de la gestión de un distrito de riego que han gestionado de facto desde años por unas 23.000 hectáreas.
Para el Acueducto Independencia y el nuevo plan se preparan consultas públicas. En el primer caso, así lo ordenó en 2013 la Suprema Corte de Justicia, pero las autoridades estaduales y federales lo ignoraron.
Ese conflicto no solo está vigente, sino que se mantiene latente, como concluye el estudio de 2018 Agua, yaquis y conflictos. El caso del conflicto del Acueducto Independencia en Sonora, elaborado por tres académicos del estatal Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Ese análisis considera “intratable” el conflicto, debido a su duración, magnitud e intensidad, pues “sigue vigente, tanto en el terreno legal como en la práctica con la consulta pública inconclusa”, lo que impide una aprobación de la resolución de la evaluación de impacto ambiental del proyecto.
Deuda consuetudinaria
Luna hizo un llamado “a la justicia y la reparación por la violencia sufrida y ocupación del territorio”. Asimismo, denunció que al acueducto “nadie lo toca y eso ha provocado que se aprovechen las fuerzas oscuras de la obra para estigmatizar a quienes seguimos hablando contra la megaobra y los intereses de los acaparadores de agua”.
En la región, “hay bastante fuga de agua, hay usuarios que no están contemplados en el padrón oficial y hacen uso de los recursos”, dijo. Y concluyó: “Así se gesta la impunidad, no podemos ignorar cómo se dan las cosas”.
En abril, entró en vigencia el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú —del cual México es parte, pero aún debe adaptar sus leyes a ese marco internacional—.
Las agresiones registradas reflejan no sólo la urgencia de una mayor protección para los defensores, sino también los retos que el país enfrenta para su cumplimiento, como ha ocurrido con otros tratados de derechos humanos.
El acuerdo “obliga a tomar medidas adecuadas para proteger a las personas defensoras”, y para investigar y prevenir agresiones, explicó Olivares, al tiempo que recalcó en las omisiones históricas de México en cumplir esa misión.
Claramente, [México] no ha estado a la altura de las obligaciones para proteger a defensores. La persistencia de ataques y asesinatos evidencian los altos riesgos que enfrentan las personas defensoras. La persistencia de una narrativa que estigmatiza a defensoras genera un ambiente de hostilidad que puede legitimar esos ataques, pues un día sí y otro también escuchamos a las autoridades estigmatizando a opositores a grandes proyectos.
Edith Olivares, directora Ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional.
Comentarios