POR DOMÉNICA MONTAÑO
MONGABAY & GK

En Cuenca, ciudad en la sierra sur de Ecuador, el 80% de la población dijo “Sí” a la prohibición de actividades mineras. En la consulta popular, celebrada el 7 de febrero de 2021 —el mismo día de las elecciones generales del país—, más de 348.000 personas votaron a favor de prohibir la minería en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay, Machángara y Norcay. Los cinco ríos son los más grandes de la ciudad y sus alrededores, y son importantes porque abastecen de agua a la población de Cuenca —la tercera más grande del país—.

La victoria de la consulta popular es un precedente para garantizar el derecho humano al agua amparado por la Constitución de Ecuador. Sin embargo, la oposición a la minería en la ciudad no es nueva y comenzó en la década de los ’90s en las comunidades rurales, cuenta David Fajardo, uno de los representantes del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, que reúne a diversas organizaciones de la sociedad civil.

En los últimos años la lucha se intensificó también en el área urbana, después de varias campañas de concientización sobre las consecuencias negativas de la minería.

Decisión histórica

Todo se materializó el 8 de septiembre de 2020, cuando el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, presentó ante la Corte Constitucional una solicitud para convocar a una consulta popular que prohibiera la minería cerca de los ríos y páramos de la ciudad. Diez días después, la Corte aceptó el pedido. Para Fajardo, esta decisión fue histórica, pues esperaron 30 años para conseguir que la justicia atendiera su demanda.

La intención de convocar a una consulta popular era cuidar el agua de Cuenca. Foto: Kim Baert.

Desde la noche del 7 de febrero, antes de la publicación de los resultados oficiales de la consulta, activistas celebraban la victoria en redes sociales. Cuatro días después, el 11 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que Cuenca le había dicho “Sí” a la prohibición de las actividades mineras en el cantón.

La consulta popular tenía una pregunta repetida cinco veces en la que sólo cambiaba el nombre del río que se buscaba proteger, por ejemplo: “¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la empresa municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable y Saneamiento Etapa EP?”

El porcentaje de respuesta fue diferente en cada pregunta, pero el promedio en general fue del 80,04%: una victoria arrolladora, según los promotores de la consulta.

Los resultados “significan la vida”

Fajardo dice que esta victoria es histórica, ya que nunca ha sido fácil ganarle al extractivismo. Para él, que lleva cinco años luchando contra la minería en el cantón, la consulta deja, sobre todo, un precedente para que otras provincias del país “se unan a la defensa del agua”.

Esta es una forma de decirle al gobierno que estamos cansados del centralismo y que no queremos ser una zona minera.

David Fajardo, Cabildo Popular por el Agua de Cuenca.

Silvia Benítez, Narcisa Requelme y Marta Echevarría, del colectivo Mujeres por el Agua, coinciden en que es una inspiración para el país porque Cuenca optó por cuidar la naturaleza por sobre los “beneficios financieros de la minería”.

A su vez, señalan que el resultado obtenido se convierte en un ejemplo “que todas las ciudades en Ecuador deberían seguir, sobre todo aquellas que están amenazadas por actividades extractivas”.

Para el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, los resultados “significan la vida”. Además, asegura que ha sido un privilegio trabajar en conjunto con estos grupos de la sociedad civil y haber sacado adelante esta iniciativa.

El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, en la entrega del pedido de Consulta Popular por los Ríos de Cuenca. Foto: Kim Baert.

Más allá de los resultados, expertas como Claudia Segovia —bióloga y docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE)— sostienen que, si bien la decisión de los cuencanos es un gran respaldo para la conservación de los páramos y el agua que nace de ellos, no hay que perder de vista la reacción de las empresas mineras.

En este sentido, Carlos Castro, abogado que redactó el pedido de consulta popular y miembro del Cabildo por el Agua de Cuenca, asegura que el sector minero nunca estuvo de acuerdo con la propuesta y teme que las empresas busquen —y encuentren— vacíos legales en la decisión de la Corte Constitucional para continuar instalando proyectos.

Intentamos contactarnos con la Cámara de la Minería de Ecuador para saber cuál era su opinión sobre los resultados de la consulta, pero, hasta la publicación de este reportaje, no recibimos respuesta.

Lo que viene

Aunque los resultados oficiales certifican la victoria del “Sí” contra la minería a gran escala en el cantón, esto no significa que dicha actividad se detendrá de inmediato.

Palacios explica que el primer paso es que el Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE) establezca una delimitación clara de las zonas de recarga hídrica de los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay, Machángara y Norcay donde no podrá haber minería metálica, según lo decidido por los ciudadanos en la consulta.

Páramos de Cuenca, amenazados. Foto: Gustavo Morejón.

El abogado Carlos Castro, especialista en derecho constitucional, dice que no hay una fecha límite para que el MAAE defina estos límites. Sin embargo, cree que debe ser lo antes posible.

Palacios estima que esto ocurrirá pronto, porque el MAAE ha trabajado con ellos y está al tanto del proceso. No obstante, hasta el momento, no ha habido ningún pronunciamiento público. Preguntamos a la institución cuándo tienen planificado hacer la delimitación, pero tampoco recibimos respuesta.

Uso y control del suelo

Otra acción que se debería poner en marcha de inmediato, según Castro, es que el Concejo Cantonal de Cuenca emita una ordenanza que reglamente el uso y control del suelo en las zonas de recarga hídrica contempladas en la consulta. Sobre todo, porque ayudaría a seguir resguardando estas áreas del extractivismo y de otras actividades humanas contaminantes.

El problema es que tampoco hay una fecha límite para que el Concejo haga esto. De todos modos, Palacios asegura que apenas tengan el detalle de los límites establecidos por el MAAE, el Concejo de la ciudad se reunirá para emitir esta ordenanza.

En otras palabras, la demora o prontitud para ejecutar lo ordenado por el pueblo en la consulta popular dependerá del MAAE.

Los proyectos en marcha

Incluso si todas estas acciones se dan pronto, hay quienes están preocupados porque la decisión de la consulta no se cumpla. El exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar, dice que, debido a que la consulta no es retroactiva y solo aplica a futuro, proyectos mineros como Loma Larga y Río Blanco podrían continuar.

Loma Larga es un proyecto de la empresa canadiense INV Metals ubicado en el cantón Cuenca para la explotación de oro, plata y cobre. Actualmente, según el Reporte Minero 2021 del Banco Central de Ecuador, está en fase de exploración y se espera que empiece a producir en 2023.

Río Blanco está ubicado en las parroquias Molleturo y Chauca, en Cuenca.
Foto: Nicolás Coronel Aráuz.

Río Blanco, en cambio, es un proyecto de la empresa minera Ecuagoldmining, que está en las parroquias de Molleturo y Chauca de Cuenca, y que tenía que empezar explotación en 2018 pero está suspendido por una orden judicial. Según los jueces, la concesión está ubicada en una zona que es una fuente de agua. El caso está a la espera de una decisión definitiva por parte de la Corte Constitucional.

Según INV Metals, la Corte Constitucional “confirmó los derechos de las empresas mineras” al determinar que los efectos de la consulta serían solo para concesiones mineras en el futuro.

En respuesta a una consulta hecha por Mongabay Latam y GK, la minera dijo a través de correo electrónico que no les preocupa que la consulta haya ganado, porque “la Corte aclaró que las concesiones que ya fueron otorgadas, como Loma Larga, no se verán afectadas”.

Vacíos legales

La realidad es que la situación jurídica es complicada. Castro afirma que, desde un punto de vista ético-jurídico, no tiene sentido que la ley aplique solo para el futuro, pues para entonces ya no habrá nada que explotar.

Las concesiones que se dieron en el pasado afectan nuestro presente. La gente no quiere minería en el presente.

Carlos Castro, abogado, redactor del pedido de consulta popular y miembro del Cabildo por el Agua de Cuenca.

Otro vacío legal que preocupa es la escala en que se hará la extracción de minerales. La consulta contempla la prohibición de la minería a gran escala en las zonas de los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y Machángara; y la prohibición de la minería a mediana escala cerca del río Norcay. A Castro le inquieta que las empresas mineras usen esto a su favor para hacer minería  “a menor escala” y seguir explotando los recursos naturales.

Sin embargo, el hecho de que la consulta se haya aprobado ya es un gran paso que servirá para proteger las fuentes de agua.

Juan Auz, abogado ambientalista y de derechos humanos, dice que, si las empresas mineras encuentran vacíos legales o interpretan la consulta a su favor para continuar explotando estas zonas vulnerables, no podrán explotar de inmediato pues tendrán que seguir un proceso y recurrir a otras instancias legales, como por ejemplo una acción de protección.

¿Un futuro sin minería?

A pesar de los enormes desafíos, el resultado de la consulta popular en Cuenca se suma a otros fallos judiciales que han priorizado a la naturaleza sobre la minería en los últimos años en Ecuador.

En 2018, después de que la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa de Ecuador (Ecuarunari) presentara una acción de protección contra el proyecto minero Río Blanco en Cuenca, este se suspendió y hasta ahora no ha sido reanudado.

En marzo de 2019, también en la provincia austral de Azuay, el cantón Girón le dijo “No” a la minería a través de una consulta popular, prohibiendo las actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha. El objetivo principal era detener el proyecto minero Loma Larga que también tenía concesiones en Girón y afectaba parte del sistema hidrológico del páramo.

Los ríos de Cuenca nacen en los páramos. Foto: Gustavo Morejón.

Ese mismo año, en la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador, el proyecto minero Río Magdalena se detuvo. En junio de 2019, la Corte provincial de Imbabura emitió una resolución que dejó sin efecto la licencia ambiental otorgada a la Empresa Nacional Minera de Ecuador (ENAMI) para el proyecto, ya que se alegó que la concesión ponía en riesgo el Bosque Protector Los Cedros. La ENAMI apeló la decisión y esta aún no ha sido resuelta.

Finalmente, tras casi tres décadas de oposición, en septiembre de 2020 una jueza aceptó una acción de protección a favor del valle de Íntag, también en Imbabura, que puso freno al proyecto minero Llurimagua. La decisión protege una parte del Chocó ecuatoriano —área de prioridad de conservación mundial—y los Andes Tropicales —el hotspot con mayor riqueza biológica del planeta—, y de esta manera a miles de especies que habitan allí.

Tendencia que se consolida

Carlos Zorrilla, activista y cofundador de la Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN), dice que estos ejemplos muestran que existe una tendencia contra la minería que se está consolidando en Ecuador. Para él, las personas están cuestionando cada vez más las actividades mineras y también se están preocupando por defender el agua.

En los páramos nacen los cinco ríos que atraviesan Cuenca. Foto: Gustavo Morejón.

El activista, que lideró la lucha contra la minería en Íntag durante más de dos décadas, cree que la consulta popular en Cuenca es un ejemplo para seguir presionando contra las actividades mineras en el país.

“Creo que, si seguimos así, pronto se podrá hacer un referéndum nacional para rechazar la minería metálica en todo el país”, opina. Sin embargo, lo más importante ahora, agrega, es empezar a poner los derechos de la naturaleza por encima de los “beneficios” económicos de estas actividades.

* Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y GK de Ecuador.