POR: MICHELLE SOTO
FOTOS: NINA CORDERO
DISEÑOS: OLGA CAJINA
Para Costa Rica, la crisis climática es una realidad y la adaptación a esta, entendida como las estrategias orientadas a reducir los riesgos, una necesidad imperativa. Ante ello, la ciencia puede brindar insumos para diseñar acciones que sean efectivas y maximicen la inversión en un país donde los fondos no abundan.
Si bien los informes elaborados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) buscan servir de guía a los países, lo cierto es que América Central —y Costa Rica dentro de esta— se diluye entre los datos de América latina.
“En el IPCC, tenemos el gran reto de enfocarnos más en las subsecciones dentro de las grandes regiones. Estamos conscientes de ello, porque sabemos que muchos países necesitan esa información para tomar decisiones”, comenta al respecto Jonathan Lynn, jefe de Comunicación y Relaciones Públicas del organismo.
No es solo eso: la cantidad de producción científica de América Central —y, por ende, de Costa Rica— no es equiparable a la de otros grandes países de la región latinoamericana —como Argentina o Brasil—, y ciertamente es mucho menor a la de Europa o Estados Unidos.
Entre las raíces del problema se encuentra que el IPCC no genera conocimiento propio, sino que evalúa el avance del conocimiento, es decir, revisa literatura científica publicada hasta ese momento en revistas arbitradas (que tienen revisión de pares), informes de política pública y otro tipo de literatura gris (como reportes y tesis académicas, por ejemplo). En otras palabras, el IPCC requiere que se generen estudios para poder incluirlos en sus informes de evaluación.
“Otro de los vacíos es que, si bien conocemos de estrategias de adaptación que se aplican en la región y algunas de mitigación, nos falta conocer cómo complementar estas medidas de forma conjunta para poder evaluar las sinergías que se producen en nuestra región. La experiencia hasta ahora ha sido aplicar una estrategia de adaptación cuyo co-beneficio asociado sea la mitigación”, destaca la científica argentina Inés Camilloni, una de las autoras del icónico Reporte 1,5°C del IPCC.
Fernando Aragón Durango, también autor del Reporte 1,5°C e investigador del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Ambiente del Colegio de México, aporta: “A partir de los hallazgos del 5° Reporte de Evaluación, nos dimos cuenta que hay grandes vacíos de información en torno a qué es lo que debemos y podemos hacer en referencia a la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo y, por ende, a la construcción de capacidades de poblaciones e instituciones”.
¿Cuáles vacíos? Aragón pone un ejemplo: es necesario pensar en qué términos la infraestructura básica de las ciudades puede afrontar eventos meteorológicos extremos a 2030 y, en este sentido, cómo se debe comunicar el riesgo, cuáles serían los impactos y las posibilidades de construir medidas de adaptación entre las comunidades, los científicos y los funcionarios de gobierno.
“Con estos informes del IPCC, tenemos una idea más clara de hacia dónde enfocar la producción de conocimiento para que este sirva a la toma de decisiones. No obstante, las agendas nacionales de ciencia y producción de conocimiento deberán reflejar la necesidad por llenar estos vacíos en cuanto a vulnerabilidad, riesgo, impacto, adaptación y mitigación”, concluye Aragón.
Eso, lamentablemente, no está pasando. La producción científica y la generación de políticas están desvinculadas.
Las consecuencias de la desvinculación
El proyecto LatinoAdapta nació con la premisa de reducir las brechas de conocimiento existentes y fortalecer las capacidades de los políticos para así planificar e implementar acciones óptimas en pro de la adaptación.
Para ello, sus investigadores realizaron diagnósticos y resúmenes de políticas para seis países de América latina –Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Costa Rica–, los cuales se socializaron en el marco de la 25° Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que tuvo lugar en Madrid, España, en diciembre último.
El de Costa Rica —elaborado por la investigadora Mariela Morales del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie)— reveló que la mayoría de los entrevistados (77%) aducen que existe un déficit de información, el cual afecta el desarrollo y la implementación de las medidas de adaptación.
Ese déficit refiere a los impactos de la crisis climática, la efectividad de diferentes opciones de adaptación y los costos-beneficios de las diversas opciones de adaptación. También se requiere información vinculada a la vulnerabilidad social y ambiental, así como a las proyecciones climáticas a largo plazo.
En cuanto a la producción científica como tal, el diagnóstico indica que existe poca transparencia en los métodos para la obtención de datos y cálculos, y un débil aprovechamiento de las redes científicas internacionales que operan en Costa Rica.
Tampoco existen líneas base que sean robustas, lo cual impide evaluar los cambios e impactos de forma eficiente. A esto se suma que no existen indicadores claros sobre cómo evaluar la efectividad de las medidas de adaptación. Las instituciones gubernamentales ni siquiera cuentan con un sistema de monitoreo y gestión del conocimiento adecuado.
“Se sabe que hay muchas acciones que se realizan para aportar a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Sin embargo, estas no son tabuladas, ya que la métrica de las acciones de cambio climático aún no es clara. No existe una guía de cómo reportar, se desconoce quién es el responsable (o dónde obtener asesoramiento) y no ha habido ningún tipo de retroalimentación entre los reportes realizados”, se señala en el informe.
“Se debería realizar una planificación global que permita identificar necesidades de investigación de manera integrada y constituir mesas de diálogo interinstitucionales para fijar objetivos en común”, proponen los entrevistados en el diagnóstico de LatinoAdapta. “El Gobierno central debe delinear y socializar objetivos enfocados en el tema de la crisis climático, así como indicar qué información se requiere para lograrlos.”
En el país existe poca coordinación entre instituciones, lo cual se traduce en duplicidad de gastos y recursos. Esto se suma a que existen limitaciones presupuestarias que conducen al recorte de fondos destinados al fortalecimiento de recursos humanos y tecnológicos necesarios para generar el conocimiento.
Asimismo, los criterios e instrumentos —centrados en la protección ambiental y la gestión local del riesgo— están ausentes, lo que impide incorporar medidas de adaptación en planes de inversión pública y desarrollo a nivel territorial y local.
En general, hay poca claridad sobre qué visión tiene el país en el tema de la crisis climática. No se aprovechan las nuevas tecnologías de la información, existe un costo alto de transferencia de datos y no hay una planificación eficiente en la generación del conocimiento.
Esta realidad no es exclusiva de Costa Rica. “En América latina, invertimos más en antibióticos en vez de vacunas”, señala Santiago Alba-Corral, director Interino de Agricultura y Ambiente del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés), en relación a la tendencia de atender las emergencias en lugar de prevenirlas
Para Pilar Bueno, copresidenta de Adaptación de la CMNUCC y actual secretaria Nacional de Cambio Climático de Argentina, se debe partir desde lo comunitario e ir permeando otros niveles hasta alcanzar el nacional.
Participación de la ciencia en la acción climática
“Todo lo que vayamos a hacer en acción climática, hay que medirlo. Y todo lo que vamos a medir, solo podremos medirlo basado en la información generada por el país”, afirma el ministro de Ambiente y Energía costarricense, Carlos Manuel Rodríguez, para quien contar con información científica es clave en vías de orientar las políticas de adaptación, pero también de acceder a recursos financieros. Los datos sirven no solo para rendir cuentas de la inversión y la efectividad de esta, sino también para fortalecer la transparencia.
En palabras del funcionario, es necesario institucionalizar la métrica. “No solo eso. En acción climática, necesitamos afinar el lapicero en tres direcciones: carbono, biodiversidad y agua. Desde el satélite, puedo ver cómo se expande un cultivo, pero me faltan datos para conocer la salud del ecosistema”, dice.
Y profundiza: “Cuando me preguntan cuál es el estado de la biodiversidad, no puedo responder de la misma forma que sí lo haría el ministro de Hacienda cuando le preguntan sobre el estado de la economía. A eso tenemos que llegar y ya estamos trabajando en esta materia a través del Centro Nacional de Información Geoambiental (Ceniga) y el Sistema Nacional de Métricas en Cambio Climático”.
El ciudadano costarricense tiene que tener un sistema de información veraz para medir la gestión política. Que hablen los datos.
Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica.
En sus NDC, Costa Rica incluyó un novedoso mecanismo de participación: el Consejo Científico de Cambio Climático, más conocido como el 4C.
Se trata de un espacio deliberativo, reconocido formalmente por el Estado a través de un Decreto Ejecutivo, cuyas recomendaciones no son vinculantes. Su objetivo es asesorar y guiar al Consejo Sectorial de Ambiente, en particular al ministro. Está integrado por académicos y expertos nacionales e internacionales, así como funcionarios del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Rectores y el Ceniga.
“La motivación inicial era acompañar el trabajo del gobierno, tanto del ministro como la Dirección de Cambio Climático y el IMN, en el seguimiento de los avances en el cumplimiento del Acuerdo de París en lo referente a métrica”, señala Pascal Girot, uno de los investigadores miembro del 4C.
Según explica, la idea es que sus miembros puedan convocar a otros científicos para ampliar el panel de discusión en temas específicos. “Creo que eso le da más robustez al Gobierno de Costa Rica para medir sus avances y así afinar la puntería en cuanto a los inventarios de gases de efecto invernadero o las mediciones en los niveles de vulnerabilidad tanto a nivel local como nacional. También permite trabajar los factores de emisión en el sector agropecuario, por ejemplo”, apunta.
“El fin es que podamos ser un músculo científico-técnico que pueda resolver problemas de métrica, metodologías de análisis… El 4C es un espacio que, si lo aprovechamos bien, puede potenciar el trabajo en cambio climático”, agrega. Y completa: “Lo que tenemos que evitar es tener un doble discurso en el sentido que ya existen instituciones científicas del Estado —como el IMN y el INTA— que trabajan en temas muy técnicos y tener al 4C como una segunda voz disonante. La idea es poder trabajar de la mano y no en forma paralela”.
Una tarea adicional (y no menor) del consejo, de acuerdo a Girot: darle continuidad al trabajo en crisis climática más allá de quien está ocupando la silla del ministro.
Esta información fue producida como parte del Programa Latinoamericano de Cobertura Periodística COP25, un esfuerzo conjunto de Periodistas por el Planeta (PxP), LatinClima, The Stanley Center for Peace and Security, y la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones – Programa UNITWIN de UNESCO. La cobertura completa aquí.
