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Bonos de carbono forestal: ¿promesa u oportunidad?

Uno de los temas que acaparó la atención en la 25° Conferencia de las Partes (COP25) de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) –del 2 al 13 de diciembre último, en Madrid, España– fue el funcionamiento del comercio de reducción de emisiones contaminantes de sus miembros.

Dentro de ese mecanismo, una de las variantes llamativas tiene que ver con las emanaciones evitadas por los bosques bajo el esquema del Programa de Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+), y potencialmente comercializables bajo bonos de carbono a razón de un título por tonelada de dióxido de carbono, el principal gas generado por las actividades humanas responsables del calentamiento planetario.

Sin embargo, ese mecanismo enfrenta asuntos por resolver, como la propiedad del dióxido de carbono evitado y un sistema adecuado de monitoreo y verificación de los gases contaminantes capturados y su registro ante la CMNUCC.

Países como Chile, Colombia y México preparan mercados domésticos de emisiones que incluirían los créditos generados por el cuidado de los bosques y que podrían ser adquiridos por empresas obligadas a empequeñecer su huella contaminante para compensar cualquier brecha de reducciones no alcanzadas.

Amy Duchelle, investigadora del Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor), con sede en Indonesia, considera que, tras 10 años de la introducción de REDD+ en el escenario global, es “un buen momento” para probar nuevas ideas.

Hay una gran oportunidad para nuevos mecanismos, porque a REDD+ le falta financiamiento. Los bonos son una parte de un conjunto de medidas. - Duchelle.

La iniciativa forestal pertenece al REDD+, que fue lanzado en 2008 y actualmente abarca a más de 60 naciones para financiar programas en países en desarrollo para combatir la deforestación, reducir las emisiones de carbono, y fomentar el acceso a apoyo técnico y financiero con esos fines.

Importante en relación con este tema: uno de los temas álgidos de la COP25 fue la negociación sobre las reglas del intercambio de reducción de emisiones, plasmado en el Artículo 6 del Acuerdo de París, que los Estados-Parte de la CMNUCC rubricaron en diciembre de 2015.

Las discusiones en Madrid oscilaron entre la instauración de nuevos mercados o la extensión de la duración de los proyectos registrados en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), creado por el Protocolo de Kyoto de 2005 y que no incluye bonos provenientes de la protección forestal.

Además, se debatió sobre la transparencia de la compraventa del carbono y el veto a la duplicidad de los acotamientos de la polución –cuando tanto una nación vendedora de bonos como una compradora reportan el encogimiento como propio.

En sus marcas...

México prepara la apertura de su mercado doméstico de emisiones, estipulado en la reforma de 2018 a la Ley General de Cambio Climático y por la cual el país –que, con Brasil, figura entre los 15 mayores contaminadores mundiales– debe ejecutar un proyecto piloto que arrancará en enero de 2020 y tendrá tres años de duración.

El sistema de comercio, cuya base es el Registro Nacional de Emisiones, se destina a los generadores de más de 100.000 toneladas de dióxido de carbono y cuyas bases publicó la Secretaría (ministerio) de Ambiente en octubre pasado. Los sectores con mayores derechos de emisión son generación eléctrica, petróleo y gas; cemento; hierro y acero; y refinación petrolera.

Para la especialista Dánae Azuara, la etapa de preparación mexicana es una fase de aprendizaje, de construcción de capacidades para que en tres años funcione el mercado. “Hemos aprendido de los errores de la Unión Europea y California”, dice en alusión a que ambas jurisdicciones dejaron fuera sectores contaminantes y tecnologías limpias cuando sus mercados de carbono entraron en operación en 2005 y 2013, respectivamente.

Diversos estudios demuestran que la clave de un mercado es la definición de límites de emisiones y su precio por tonelada (cap and trade, en inglés). Las empresas que no rebasan ese tope pueden vender la diferencia. Para quienes superen el techo, la opción es compensar el faltante con la adquisición de títulos de dióxido de carbono y allí hacen su aparición los bonos forestales.

La reducción debe provenir de los sectores más contaminantes. Los bonos forestales tienen un rol que jugar. - Dánae Azuara.

Una vez en funcionamiento, México podría vincular su mercado con otras jurisdicciones, lo cual es validado por el Acuerdo de París. De esa cuenta, un bono emitido en este país latinoamericano puede ser comercializado en otra plaza si cumple con los requerimientos.

En diciembre de 2017, durante la cumbre One Planet en París (Francia), los gobiernos de Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile y México, junto a las administraciones locales de California, Oregon, Washington, Alberta, Columbia Británica, Nueva Escocia, Ontario y Quebec lanzaron la Declaración sobre el Precio al Carbono en las Américas, con la cual promueven los mercados de carbono intrarregionales y estandarizan sus sistemas de determinación de precios.

Asimismo, la Alianza del Pacífico, creada en 2011 por Chile, Colombia, México y Perú, contempla la vinculación de sus mercados. Chile y Brasil estudian la apertura de sus sistemas internos de comercio.

En septiembre último, la Junta de Recursos del Aire de California aprobó el Estándar de Bosques Tropicales para aceptar, en su mercado, la transacción de compensaciones por deforestación evitada de jurisdicciones nacionales o subregionales. Ese órgano debe evaluar caso por caso las posibles candidaturas.

A ello se suma que, en 2010, California, el sureño Estado mexicano de Chiapas y el noroccidental territorio brasileño de Acre firmaron un acuerdo para comercializar bonos de REDD+ en su sistema. No obstante, ese arreglo nunca se materializó.

Lentitud y confrontación

Al día de hoy, ningún país de América latina ha firmado un Acuerdo de Pago de Reducción de Emisiones con el Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés), una alianza de 47 naciones en desarrollo, ONGs y organizaciones internacionales que financian la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques. A excepción de Costa Rica, ninguna nación candidata a ese financiamiento ha demostrado la propiedad del carbono y la facultad para transferir los créditos obtenidos.

Por esta razón, México se quedó en la puerta de ese acuerdo por unos US$ 60 millones: la negociación está estancada y el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador no parece interesado en finiquitar el proceso.

La Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), presentada ante el FCPF y que funcionaría durante cinco años, estipula una línea base de emisiones de 24 millones de toneladas de dióxido de carbono en los proyectos piloto de REDD+, llamados “acciones tempranas”, que se escenifican en los Estados de Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán, donde existen 18,5 millones de hectáreas boscosas –21% de la superficie forestal nacional. Esos territorios representan el 36% de las emisiones de carbono forestal del país. Las emanaciones serían reducidas en 80% durante los primeros cuatro años de la iniciativa, a una tasa anual de 20% y equilibrada a 80% en el quinto año.

Así, las emisiones esperadas anuales provenientes de las cinco zonas totalizarían 21,87 millones de toneladas de dióxido de carbono en el primer año de ejecución para bajar progresivamente hasta 15,43 millones toneladas en el quinto.

Las reducciones estimadas anuales sumarían 2,15 millones de toneladas en el primer año de la iniciativa, para subir a 8,58 millones en quinto. En tanto, las contracciones proyectadas anuales a ser transferidas al Fondo del Carbono llegarían a 1,7 millones de toneladas, para escalar en cinco años a 6,78 millones.

A nivel nacional, los recursos serían distribuidos a los Estados de acuerdo con su desempeño en las emanaciones recortadas. El gobierno federal recibiría ese pago y lo canalizaría a los Estados, estableciendo los mecanismos para garantizar que esos beneficios lleguen a los dueños y habitantes de las áreas involucradas.

No obstante, el Banco Mundial, el comprador de los títulos, solo ofrece US$ 5 por crédito, una cotización considerada muy baja por las comunidades forestales.

Perú y Guatemala también quieren los recursos del FCPF. El primero, la novena nación del mundo en cobertura forestal, propone REDD+ en los departamentos de San Martín, que cuenta con 3,37 millones de hectáreas de bosque, y Ucayali, con 9,36 millones. Ambos concentran 18% de la Amazonía peruana.

La iniciativa, única planteada para la Amazonía, busca reducir 26,77 millones de toneladas de dióxido de carbono en cinco años, con impacto sobre 2,5 millones de hectáreas boscosas y unas 100.000 hectáreas agrícolas, así como beneficios directos e indirectos para 380.000 habitantes de la zona. Ambas áreas han sufrido una deforestación del 35% entre 2008 y 2017, lapso en el cual las emisiones de carbono anuales promediaron casi 24 millones de toneladas.

Las emanaciones de la degradación de los bosques equivalen a 9,85 millones toneladas de dióxido de carbono anuales –24% de las emisiones originadas en los bosques– en ambos departamentos durante el periodo citado.

El último reporte de evaluación presentado por Perú ante el FCPF, institución de la que se espera recibir unos US$ 50 millones, indica que dependen de la creación de un mecanismo financiero para recibir, administrar y distribuir los pagos por la reducción de emisiones y de un esquema de reparto de beneficios.

“Es necesaria también la finalización de un mecanismo integral para registrar y monitorear las transacciones que permitirán el rastreo de proyectos de mitigación o actividades durante su ciclo de vida, incluyendo el diseño y el registro del proyecto; la aprobación de los créditos y la transferencia y eventual retiro del bono”, cita el documento.

Al respecto, el Banco Mundial se comprometió a adquirir no más de 6,4 millones de bonos de carbono. El Ministerio peruano de Ambiente propuso la aprobación de un instrumento legal para trasladar los bonos al Fondo de Carbono.

La Ley Marco de Cambio Climático de 2018 contiene el uso de REDD+ y la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) –las políticas voluntarias seleccionadas para cumplir con el Acuerdo de París– define 12 acciones de adaptación y ocho de mitigación referidas a bosques, agricultura y deforestación.

En Guatemala, el programa “Reducción de emisiones por deforestación evitada en la zona de usos múltiples de la Reserva de la Biósfera Maya” (Guatecarbón), iniciativa del Gobierno y la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (Acofop) –en el norte del país–, aspira a evitar 37 millones de toneladas en al menos 30 años.

La Ley de Cambio Climático de 2013 concede la propiedad del dióxido de carbono a los dueños de los emprendimientos que evitan la contaminación, si bien las tierras son propiedad estatal. En este sentido, Acofop administra 717,000 hectáreas, de las cuales 500,000 cuentan con manejo forestal sostenible.

Ahora bien, mientras algunos gobiernos, como los de Colombia y Perú, promueven el comercio de emisiones, diversos pueblos indígenas manifiestan su desacuerdo con el sistema.

Walter Sangama, dirigente de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas de la Región San Martín, rechaza REDD+ y cuestiona que los fondos forestales internacionales captados por Perú no llegan a los grupos aborígenes.

Cuidamos los bosques, pero no recibimos los beneficios que deben llegar directamente a nuestras comunidades nativas para tener una vida plena. Por eso, tenemos REDD+ indígena, que plasma nuestra propuesta. - Walter Sangama.

En San Martín, habitan los pueblos Kechwa, Shawi y Awajún. La versión alternativa de REDD+, integrada al plan de la economía indígena, se basa en las prácticas tradicionales y el conocimiento ancestral, y abarca aspectos como derechos colectivos, servicios ecosistémicos, producción local y enfoque de género. El registro peruano de emisiones incluirá las correspondientes a REDD+ indígena, que también está reconocido en la Ley Climática.

Para Duchelle, REDD+ necesita también mayor involucramiento de más actores y salvaguardias socioambientales fuertes. “Los pueblos indígenas han logrado proteger sus territorios y aplicar políticas ambientales adecuadas. Hay jurisdicciones latinoamericanas que pueden cumplir con los estándares de California”, subraya.

No obstante, Azuara considera que ningún Estado mexicano está listo para incursionar en ese mercado. Anticipa: “California ha demostrado que le importan los bosques tropicales y quiere mantenerlos en pie. Hay mucho trabajo por hacer para cumplir con esos estándares”.

Para activar el mercado mexicano y movilizar recursos para las comunidades forestales, el Instituto Mundial de Recursos (WRI, en inglés) inicia un proyecto de cinco años para generar bonos de carbono de 145,000 hectáreas en los Estados de Morelos, Veracruz y Oaxaca, gracias a un financiamiento de unos US$ 5 millones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. La empresa BP comprará los títulos a US$ 3, pero los beneficios indirectos para los productores forestales equivalen a unos US$ 6 por tonelada.

En México y Colombia operan proyectos forestales que ya venden créditos en los mercados voluntarios.

Esta información fue producida como parte del Programa Latinoamericano de Cobertura Periodística COP25, un esfuerzo esfuerzo conjunto de Periodistas por el Planeta (PxP), LatinClima, The Stanley Center for Peace and Security, y la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones - Programa UNITWIN de UNESCO. La cobertura completa aquí.

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